Alertan por simulación legislativa ante Ley de Economía Circular “licencia para
contaminar”
● La ley se aprueba sin escuchar a la sociedad civil. Una norma sin participación es un
retroceso y es injusta para todas y todos
● El derecho a la salud es ignorado y el modelo de “usar y tirar” sigue intacto, pues no hay
obligación de diseñar productos durables
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025.— Organizaciones de la sociedad civil se
manifestaron frente a la Cámara de Diputados en contra de la aprobación “fast track” y “en lo
oscurito” de la Ley de Economía Circular; para exigir detener la iniciativa de ley y llevar a cabo
una revisión profunda del documento, incluyendo la visión de las comunidades, la sociedad
civil y de las expertas y expertos, antes de su avance legislativo.
Ante la premura de los legisladores por concluir su periodo y el riesgo de una aprobación
discrecional y rápida, las asociaciones alzaron la voz frente al recinto legislativo con mensajes
contundentes: “LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR=LICENCIA PARA CONTAMINAR” y
“QUEMAR BASURA MATA”.
Las organizaciones Acción Ecológica, El Poder del Consumidor, Fronteras Comunes,
Asociación Ecológica Santo Tomás, No Es Basura (NEB) y Greenpeace México denunciaron
que esta iniciativa, elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y acompañada por el sector privado, es una “simulación”. Asimismo, solicitaron el
ingreso para una reunión con los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cué, quienes
impulsaron la ley, sin embargo, el ingreso fue negado.
Los representantes de las asociaciones además señalaron que representa una violación a la
participación pública establecida en el Acuerdo de Escazú, ya que excluyeron a la sociedad
civil en su elaboración y la propuesta incumple obligaciones judiciales previas, como el amparo
que exige legislar para prohibir los plásticos de un solo uso.
La ley, impulsada por los diputados como Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué, es un
“retroceso ambiental y social”.
A continuación damos a conocer cuatro razones clave por la que esta ley no debe ser
aprobada:
1. Apuesta por la quema de residuos y no por la prevención
La iniciativa coloca a la termovalorización —la quema de residuos para generar energía—
como eje central, pese a que este proceso contradice el principio básico de la economía
circular: el mejor residuo es el que no se genera.
La incineración, “waste to energy”, termovalorización o cómo se prefiera llamar, no es una
tecnología limpia ni renovable; produce gases de efecto invernadero, dioxinas y furanos
altamente tóxicos. Asimismo, requiere una inversión mayor para tener y dar mantenimiento a la
tecnología adecuada, aparte de que necesita grandes volúmenes de basura, incluidos
materiales reciclables, para operar. Mientras que el ecodiseño, la reducción de envases y la
reutilización pueden evitar la contaminación, disminuir emisiones y generar empleos, muy por
encima de los que crea la incineración.
2. Predomina el enfoque económico sobre la salud y el ambiente
Aunque se presenta como una ley ambiental, el texto privilegia criterios económicos y
extractivos. La Secretaría de Economía tendría un rol central en la aprobación de acuerdos,
desplazando consideraciones de salud y derechos humanos. El proyecto también abre la
puerta a mecanismos cuestionados como bonos verdes o créditos de carbono, considerados
como “falsas soluciones” que permiten a las empresas evadir cambios estructurales en sus
procesos.
Por otro lado, la omisión del derecho a la salud agudiza las desigualdades y pone en riesgo el
bienestar general al no regular factores de riesgo, como sustancias nocivas. Sumando la falta
de políticas preventivas se incrementan los costos económicos y sociales a largo plazo en
atención médica curativa. La inclusión es fundamental para una legislación justa y eficaz que
garantice el bienestar de todas las personas.
3. Mantiene el modelo lineal y debilita la REP (Responsabilidad Extendida del Productor)
La propuesta se enfoca en el aprovechamiento postconsumo, sin impulsar transformaciones
profundas en la forma en que se diseñan, producen, usan y desechan los productos. La
ausencia de medidas para fomentar durabilidad, reparación y reutilización mantiene intacto el
modelo de “extraer, hacer y tirar” clásico del modelo lineal, cuyos principios están en crisis por
la escasez de materias primas, interrupciones en cadenas de suministro y altos costos de
gestión de residuos, y además dañan al planeta de manera descomunal.
Si bien se menciona la REP, su implementación queda sujeta a acuerdos graduales y flexibles y
no incluye impactos sociales y de salud que los productos pueden ocasionar. Esto debilita uno
de los incentivos más importantes para el ecodiseño y la innovación sostenible.
4. Excluye a la sociedad civil y omite la salud pública
La iniciativa carece de indicadores sanitarios y no incorpora esquemas robustos de
transparencia ni trazabilidad de sustancias químicas peligrosas. Tampoco contempla una
coordinación clara con el sector salud. Para las organizaciones, la exclusión de la sociedad civil
deriva en leyes poco efectivas, injustas y con menor legitimidad social. Aparte de que omitir la
dimensión de salud pública vulnera un derecho fundamental, aumenta las desigualdades y
genera costos elevados a largo plazo en atención médica.
¡La participación de las comunidades y de organizaciones especializadas es clave para
garantizar que la legislación responda a los desafíos reales del país!
Finalmente las organizaciones recalcaron que esta propuesta de ley es contraria a la razón de
ser de Semarnat que es velar por la protección del medio ambiente.
Para mayor información y entrevistas contactar con:
Tania Ortega, oficial de prensa de Greenpeace México al correo tania.ortega@greenpeace.org
o a Sara Del Real, al teléfono 5540845320 o al correo sdreal@greenpeace.org.
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